Los transportistas de Castilla y León podrán solicitar la devolución del céntimo sanitario, aunque no se devolverá todo el importe de esta tasa de hidrocarburos ni se devolverá a todos los transportistas.

La Junta de Castilla y León delvolverá a los transportistas la mitad de los 4,8 céntimos de euro con los que gravará cada litro de carburante repostado a partir del 1 de marzo. Esto es posible a que la devolución está regulada por una serie de leyes, que permiten a una comunidad devolver el impuesto autonómico al gasóleo profesional.

Podrán solicitar la devolición del céntimo sanitario los vehículos de transporte de mercancías de al menos siete toneladas y media, los vehículos para el transporte de viajeros de más de 8 plazas y los taxis. Para que se les haga efectiva la devolución del impuesto sobre hidrocarburos es necesario que los transportistas tengan la tarjeta de gasóleo profesional y que la utilicen como método específico para el pago del gasóleo para el que soliciten la devolución del céntimo sanitario.

La devolución de esta tasa le corresponde a la Agencia Tributaria, ya que se trata de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, y se hará en cada trimestre fiscal.

Esperamos seguir dando noticias de otras Comunidades en las que también se devuelva el céntimo sanitario.

El céntimo sanitario, impuesto que grava el carburante, afecta duramente al bolsillo de los transportistas, pero no a los de la Comunidad Valenciana porque esta Comunidad Autónoma ha sido la primera en devolver el importe íntegro del céntimo sanitario a los transportistas.

La devolución a los transportistas de los 4,8 céntimos por cada litro de carburante repostado se hará de forma automática, y se le ingresará el importe trimestral en la cuenta bancaria sin que el transportista tenga que realizar ningún trámite.

Esta medida ha sido aplaudida por las asociaciones de transpotistas, y la Federación Nacional de Transportistas de España (Fenadismer), organización que representa a unas 32000 pequeñas y medianas empresas de transporte ha enviado su felicitación formal a Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana, por especial sensibilidad del gobierno autonómico por la defensa del sector profesional del transporte por carretera, configurado en más de un 85% por transportistas autónomos y microempresas los cuales atraviesan una situación económica muy compleja motivado por la actual situación de disminución de la actividad por la crisis agravada por el nivel de precios del gasóleo, actualmente en máximos históricos.

Fenadismer espera que la devolución del céntimo sanitario en la Comunidad Valenciana no se quede sólo allí y ha pedido que esta medida se aplique a todos los transportistas que reposten en la Comunidad, independiente de donde procedan, y que la medida se extienda al resto de Comunidades de nuestro país donde se aplica el céntimo sanitario (Castilla León, Cataluña, Galicia, Asturias, Extremadura, Andalucía, Murcia, Madrid, Cantabria y Castilla La Mancha).

El año 2012 no ha empezado bien para los transportistas porque el nuevo año se ha estrenado con una subida de la fiscalidad del gasóleo que consumen los transportistas.

La subida de 2,8 céntimos del impuesto por litro de gasóleo es consecuencia de la aplicación de la Directiva europea sobre fiscalidad de los carburantes, Directiva europea 2003/96, lo que permitira que se recauden solo en nuestro país unos 250 millones de euros anuales.

Esta medida repercutirá a más de 45000 empresas que se dedican al transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros que dejarán de recibir la devolución del gasóleo profesional, y se equipara la fiscalidad en el consumo del carburante entre transportistas y conductores particulares.

Con este incremento de la fiscalidad que grava a los carburantes se pretende comprensar la emisión de CO2 que generan.

De nada ha servido que la Unión Europea de Transportista (UETR), que agrupa a las principales organizaciones de transportista de la Unión Europea haya presionando a los Estados miembros partidarios de abolir el carburante profesional para que modifiquen su postura y esta normativa no siguiera adelante.

Sin duda esta subida de 2,8 céntimos por litro de gasóleo es un duro mazazo para las empresas dedicadas al transporte por carretera.

Como ya todo el mundo sabe a estas alturas los transportistas están pasando por un momento complicado porque además de la crisis económica que afecta a todo el país, se están viendo afectados por el incremento del precio de combustible, fundamental para poder desarrollar su trabajo, situación que además se podría agravar porque algunos estados miembros de la Unión Europea se oponen a que el gasóleo profesional, en vigor desde el 2003, se siga manteniendo.

La Comisión Europea ha elaborado un proyecto para modificar la Directiva 2003/96, que regula la fiscalidad a aplicar por los diferentes Estados miembros en los carburantes. Entre las modificaciones que se quieren incluir está la derogación de la figura del gasóleo profesional para el transporte y el incremento de la fiscalidad que grava a los carburantes en torno a un 10% para comprensar la emisión de CO2 que generan.

España se ha mostrado en contra de la eliminación del gasoléo profesional, al igual que Italia, Bélgica, Francia y Alemania, pero otros 7 países están a favor de eliminar esta medida fiscal para transportista, los países que apoyan esta medida son Luxemburgo, Austria, Holanda, grecia, Suecia, República Checa y Letonia.

La Unión Europea de Transportista (UETR), que agrupa a las principales organizaciones de transportista de la Unión Europea está presionando a los Estados miembros partidarios de abolir el carburante profesional para que modifiquen su postura y que cuando se reunan en septiembre para analizar el proyecto no siga adelante.

Últimamente no dejan de aparecer noticias sobre una inminente huelga del sector del transporte de mercancías por carretera que después no acaba de llegar.

El miércoles pasado, 20 de abril, iba a dar comienzo un paro indefinido del sector, pero no llegó a comenzar porque el martes se firmo un acuerdo entre as principales organizaciones de cargadores y el Comité Nacional de Transporte por Carretera.

Ahora Fetransa (Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías), después de haber analizado el acuerdo final que se alcanzó, manifiesta su malestar por este acuerdo ya que consideran que es “una tomadura de pelo para el eslabón más débil de la cadena de transporte”.

Según consideran desde la Federación el proceso negociador ha resultado “en balde por la falta de compromiso de la Administración para adoptar medidas útiles y eficaces”. La entidad denuncia algunos aspectos valorados en el proceso negociador y que han quedado fuera del acuerdo y ha criticado la posición del resto de cargadores, asegurando que han aprovechado la falta de compromiso de la Administración para “escurrir el bulto”.

Fetransa de nuevo plantea la posibilidad de hacer paros en el sector, bajo el lema “Parando para que no nos paren”, en caso de que la Administración no cumpla con los compromisos adquiridos y los trámites necesarios para que desarrollen de forma inmediata las reformas legislativas pertinentes.

¿Finalmente habrá huelga en el sector del transporte?

El otro día os comentábamos que mañana, 15 de abril, a las 24 horas, comenzaría un paro indefinido de los transportistas autónomos, el paro indefinido sigue convocado, sólo que Federación de Transportistas Autónomos (FETRANSA) lo ha postpuesto hasta el próximo miércoles 20 de abril.

Esta decisión de FETRANSA de retrasar el inicio de la huelga se debe a que el martes 19 de abril, el Ministerio de Fomento tiene que firmar el acuerdo que ha adquirido con la Federación de Transportistas por el que se comenzarían a llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para que se puedan sancionar administrativamente los incumplimientos que se dan en el sector.

De la firma o no de este acuerdo con el Ministerio de Fomento, depende la huelga de los transportistas autónomos.

Amaya Martínez, portavoz de FETRANSA, explicó en una rueda de prensa que el sector exige a la Administración que se implique y tome las riendas en vigilancia del cumplimiento de lo legislado tras la huelga del año 2008. Según explica, el problema es que las reformas legislativas no llevan aparejadas sanciones por el incumplimiento de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre.

Habrá que esperar al martes para ver si al final hay huelga o no y si “paramos para que no nos paren”.

Parece que al final los transportistas van a la huelga, al menos los trabajadores autónomos que trabajan en el transporte de mercancías por carretera.

Ayer, 11 de abril, los trabajadores autónomos del sector del tranporte de mercancías por carretera han convocado un paro indefinido que comenzará a las 24 horas del viernes 15 de abril.

El lema de este paro indefinido es “paramos para que no nos paren”, y a él están llamados más de 100.000 autónomos del sector y todas las organizaciones de transportistas.

Jorge Somoza, secretario técnico de Fetransa, asegura que a pasar de haber convocado la huelga indefinida siguen las negociaciones.

Esta convocatoria del paro se hace porque los transportistas creen que existe una falta de voluntad de llegar a un acuerdo por parte de las principales asociaciones de cargadores, además consideran que la Administración ha dado la “espantada” como respuesta.

Según explica Jorge Somoza, “Lo que más nos preocupa es el precio de los combustibles, porque no han dejado de subir desde 2008″

Fetransa demanda la aplicación de una cláusula de revisión de los precios del transporte en función de la variación del coste del carburante, el incremento del coste del cumbustible se traduce en un incremento de los costes de los autónomos de 12.000 euros durante el 2011, por lo que la situación se hace insostenible para muchos de ellos.

Entre sus reinvicaciones también se encuentra la prohibición de los servicios de transporte por debajo de su coste, con el establecimiento de la conocida como claúsula “antidumping” y la exigencia del pago de las facturas en 30 días, con el establecimiento de una sanción en caso de incumplimiento.

Como seguro que ya sabéis todos a estas alturas, el Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas de ahorro energético para reducir los efectos de la escalada del precio del petróleo por el conflicto con Libia.

Entre las medidas de esta plan de ahorro se encuentra la reducción del límite de velocidad en autovías y autopistas a 110 km/h, pero, a pesar de que el transporte por carretera es el que más carburante consume, se estima el 41% del petróleo consumido en España es del sector del transporte, ninguna de las medidas aprobadas por el Gobiernos son para el sector.

La nueva medida de reducir la velocidad a 110 km/h no afecta a los tranportistas ya que en el caso de los camiones tienen su máximo establecido en 90 km/h y los autobuses y furgonetas no pueden circular a más de 100 km/h

Por este motivo, la patronal de transporte de mercancías por carretera (Fenadismer), ha propuesto al Ministerio de Industria, que se articule un plan de conducción eficiente para camioneros, ya que realizar una conducción eficiente podría ahorrar hasta un 15% del combustible.

Para que nos hagamos una idea, un vehículo pesado que realice una conducción eficiente podría ahorrar al año unos 5.000 litros de combustible, lo que traducido a dinero sería un ahorro de 6.200 euros anuales, además también se reducirían las emiosiones de CO2 y se mejoraría la seguridad vial.

Ya os informamos el año pasado de que Fenadismer pedía que se eliminara el céntimo sanitario, impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, por el que además hay un porceso abierto de la Comisión Europea contra España al poderlo considerar como ilegal, lo que podría obligar a nuestro Gobierno a devolver 5.000 millones de euros.

No sólo Fenadismer se ha mostrado en contra de este impuesto desde Apetamcor (Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia) se animó a sus socios a realizar una reclamación colectiva del importe del céntimo sanitario.

El conocido como céntimo sanitario grava para toda España, a excepción de las Islas Canarias, el consumo de carburantes con un sobrecargo de 2,4 céntimos por litro consumido, pero en 6 Comunidades Autónomas como son Asturias, Galicia, Castilla La Mancha, Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña el recargo llega hasta los 4,8 céntimos por cada litro de combustible, y lejos de que se haya tenido en cuenta la petición de los transportistas, sino que ademñas ahora serán más las Comunidades Autónomas con un recargo mayor porque los presidentes de Andalucía y Extremadura han anunciado su aprobación en estas comunidades.

Para Fenadismer este anuncio de los presidentes de Andalucía y Extremadura resulta “irresponsable” teniendo en cuenta la crisis por la que está atravesando el sector y ante las perspectivas de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considere ilegal dicho impuesto por ser contrario a la normativa comunitaria en los términos en los que ya se ha pronunciado la Comisión Europea en un Dictamen motivado del año 2008.

Quien quiera más información puede visitar Fenadismer

El Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, conocido comúnmente como el céntimo sanitario, grava para toda España, a excepción de las Islas Canarias, el consumo de carburantes con un sobrecargo de 2,4 céntimos por litro consumido, pero en 6 Comunidades Autónomas como son Asturias, Galicia, Castilla La Mancha, Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña el recargo llega hasta los 6,4 céntimos por cada litro de combustible.

Este impuesto, según ha notificado la Comisión Europea, contraviene la normativa continental vigente sobre la fiscalidad de los carburantes, y por este motivo Apetamcor (Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia) ha convocado una asamblea informativa para sus socios con el fin de informarles sobre la posibilidad de emprender una demanda colectiva y de este modo poder recuperar el impuesto del céntimo sanitario que llevan pagando durante los últimos 4 años.

Según ha explicado Alberto Vila, gerente de Apetamcor, la notificación de la Comisión Europea “abre la puerta a plantear una batalla judicial en condiciones económicas interesantes para los transportistas en un proceso de gran envergadura”, aunque también reconoce que las posibilidades de recuperar el dinero “son difíciles de calcular. Pueden ser remotas, pero no imposibles”.

Quienes quieran participar en la reclamación colectiva deberán pagar 50 euros en el caso de vehículos pesados, y 25 en el de los vehículos ligeros, algo que para el es una inversión “mínima”.

El derecho a exigir la devolución a los potenciales afectados por la aplicación de este impuesto prescribe a los cuatro años, por lo que ya no se pueden reclamar las cantidades anteriores a 2005. Eso significa, según indica Vila, que “hay opciones de obtener hasta 4.000 euros invirtiendo 50″