En Europa se quieren introducir cambios en la regulación de las obligaciones de servicio público (OSP) en el transporte por tierra, cambios que según las asociaciones de transporte europeas implicaría cierta inseguridad jurídica.

La Asociación Internacional del Transporte Público (UITP), la Comunidad de Compañías europeas del Ferrocaril e Infraestructuras (CER), las Autoridades Europeas de Transporte Metropolitano (EMTA) y los Operadores Europeos de Transporte de Pasajeros (EPTO) creen que la propuesta reguladora europea es «inaceptable» por varios motivos.

Según explican las asociaciones de transporte la nueva normativa crearía incertidumbre jurídica en todos los contratos de transporte público. Las asociaciones argumentan que la nueva regulación generaría un «déficit democrático inaceptable puesto que evitaría que tanto el Parlamento Europeo como los Gobiernos estatales tuvieran poder de decisión sobre la financiación del transporte público».

Además, el sector del transporte público considera que «la regulación vigente desde 2009 es el resultado de un largo y complicado proceso legislativo» el cual generó un adecuado «equilibrio político que no debe ser alterado a la ligera».

La nueva normativa por la que se quieren cambiar obligaciones de servicio público (OSP) en el transporte por tierra se basa en la idea de que aunque las ayudas estatales puedan «redundar en beneficio de la sociedad a través de la mejora del medio ambiente, el fomento de la investigación y desarrollo o el incremento de la formación de los recursos humanos», éstas «pueden tener también efectos perversos al mantener en el mercado empresas ineficaces, lo que a más largo plazo se traduce en precios más altos para los consumidores».