El uso del tacógrafo es obligatorio entre los transportistas pero la Guardia Civil de Tráfico ha descubierto que hay una trama que instala tacógrafos trucados.

La Guardia Civil está intentando llegar hasta la trama que está instalando estos dispositivos en los camiones y las sanciones por llevar los tacógrafos trucados pueden llegaar hasta los 18.000 euros.

De momento se ha detectado que al menos 15 empresas de transporta gallegas están usando estos tacógrafos trucados en unos 50 camiones, de forma que en sus registros aparecen menos horas de condución y velocidades más bajas de a las que realmente circuló el vehículo, de este modo se estarían evitando las sanciones por los excesos que el tacógrafo resgistraría si no estuviera “trampeado“.

Según explican las fuentes al cargo de la investgación, el rastreo sobre esta trama de manipulación de tracógrafo es extremadamente complejo poque los sistemas que utilizan las redes que instalan los dispositivos ilegales son cada vez más sofisticados y más difíciles de localizar. Las cabinas de los camiones actuales están dotadas de numerosos mandos y sistemas electrónicos y digitales, y los instaladores ilegales logran camuflar entre los botones del salpicadero las teclas que permiten activar el sistema que altera los datos que recogen los tacógrafos sobre la velocidad y los tiempos de conducción y de descanso de los conductores.

Los efectos de la crisis no dejen de aparecer en todos los ámbitos, y con la crisis también han llegado los fraudes a la Seguridad Social.

La Federación de Transporte de Comisiones Obreras de Ciudad Real ha denunciado la existencia de un fraude a la Seguridad Social en algunas empresas de la provincia dedicadas al transporte de mercancías por carretera.

Este fraude, en el que podrían estar implicadas el 60% de las empresas de transporte de Ciudad Real, consiste en un reducción de las horas de trabajo de cada empleado a las cotozaciones de la Seguridad Social, sin que la jornada de trabajo se reduzca en la misma medida.

Con esta práctica cada empresa dejaría de cotizar alrededor de 300 euros al mes por cada trabajador, lo que al año sumaría entre 1.500 y 2.000 euros, esta rebaja en las cotizaciones del trabajor afectan de forma negativa a su poder adquisitivo en caso de que se produzca una situación de baja laboral, desempleo o jubilación.

Se estima que haya en torno a 8oo trabajadores afectados por este fraude y según explica José María Serrno, secretario de Servicios a la Ciudadanía de CCOO estas supuestas irregularidades ya se han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo, por lo que esperan que a partir de septiembre se realicen las correspondientes inspecciones a las empresas sospechosas de haber realizado estas prácticas.